Por ejemplo, algunos países son parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que establece medidas para la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada.
En esta etapa la SRE se encuentra facultada para analizar que la solicitud y/o petición de extradición cumple con los requisitos establecidos en los Tratados Internacionales o los requisitos en materia de extradiciones del país requerido.
El hecho de que no pueda aceptarse voluntariamente antes la petición de extradición por parte de la persona afectada se basa en el hecho de que hasta este momento no habrá entrado todo el file en el Juzgado de Instrucción, solamente la famosa Nota Verbal a la que antes nos hemos referido y la escueta información que conste en la ficha de Interpol.
En el mundo del derecho, la persona jurídica es un término que se refiere a una entidad que no tiene una existencia fileísica, pero que puede ser considerada como una persona en términos legales.
En el Organismo Judicial, el juez competente evaluará si la solicitud cumple con los requisitos legales y si existe suficiente evidencia para proceder con la extradición. Además, se otorgará al acusado el derecho a la defensa y a presentar pruebas en su favor.
Igualmente, hay que fijarse cómo generalmente el país requirente suele acompañar a la petición de extradición una declaración unilateral donde se compromete a cumplir en el tratamiento del ciudadano con todos los estándares de protección de los derechos humanos conforme a la Convención Europea de Derechos Humanos, así como para permitir el libre retorno a nuestro país una vez que dicha persona haya cumplido con sus responsabilidades penales.
Esto puede permitir que los delincuentes eviten enfrentar la justicia y eludan las consecuencias de sus acciones. Es fundamental que los países establezcan tratados de extradición para garantizar la eficacia del sistema judicial y la protección de la sociedad.
Ahora bien, si la persona contra la cual se autorizó la extradición es guatemalteca, el primer paso al recibir la declaración, es ponerla a disposición y conocimiento del presidente de la República; y este debe de decidir, mediante Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros, si entrega o no a la persona; lo anterior en virtud que Guatemala no está obligado a entregar a un ciudadano guatemalteco.
Se prohíbe la extradición si existe el riesgo de que la persona sea sometida a tortura, malos tratos o a un juicio injusto.
Por su parte, la extradición penal se refiere a la entrega de personas acusadas de delitos comunes, como el tráfico de drogas o el fraude.
Los países de la región han establecido tratados de extradición entre ellos y con otros países, y han cooperado en la entrega de personas acusadas de delitos graves.
Se debe aclarar que cada país cuenta con su propio procedimiento interno de extradición en el que se definen las instancias a las que pueden acudir los extraditables.
En caso de que no exista tratado de extradición entre el país solicitante y España, se puede conceder la extradición siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, como que el delito sea considerado grave en ambos países o que la persona en cuestión sea nacional del país solicitante.
La extradición en estos casos puede ser más complicada debido check this link right here now a la dificultad para rastrear a los delincuentes y la falta de acuerdos internacionales específicos para estos delitos.
